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Sorpresa no, malestar sí. En el sistema interamericano de derechos humanos no ha sentado bien el argumento de “inconstitucionalidad” que esgrime ahora la justicia de República Dominicana para no cumplir más las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que el país pertenece desde hace 15 años y que hasta ahora no había cuestionado.
Como la dura sentencia que el tribunal regional con sede en Costa Rica emitió hace dos semanas, en la que consideró culpable al país caribeño de discriminar a ciudadanos de origen haitiano entre 1999 y 2000. En el mismo fallo, la Corte Interamericana también determinó que una resolución constitucional dominicana emitida en 2013 y que privó a unas 200.000 personas de su ciudadanía viola el “derecho a la nacionalidad”, por lo que la conminó a realizar los cambios legales pertinentes.
La resolución del tribunal interamericano con sede en Costa Rica causó un gran malestar en el gobierno dominicano, que la calificó rápidamente de "extemporánea, sesgada e inoportuna", y declaró que "cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana".
Ahora, la rama judicial del país ha dado un paso más allá: según ha fallado el Tribunal Constitucional dominicano, la membresía en la Corte Interamericana firmada por el entonces presidente, Leonel Fernández, en febrero de 1999, fue “inconstitucional” porque no fue ratificada por el Congreso Nacional.
Una ratificación "inconstitucional", según la corte dominicana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que junto con la Corte IDH conforma el sistema regional de derechos humanos, va a “analizar” en las próximas horas o días la decisión del Tribunal Constitucional dominicano. Que es, por cierto, la misma corte cuya sentencia amenazó con dejar apátridas a descendientes de haitianos -más de 200.000, según ACNUR- y detonó el diferendo con las organizaciones de derechos humanos y la Comisión.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/06/actualidad/1415230815_658290.html
Como la dura sentencia que el tribunal regional con sede en Costa Rica emitió hace dos semanas, en la que consideró culpable al país caribeño de discriminar a ciudadanos de origen haitiano entre 1999 y 2000. En el mismo fallo, la Corte Interamericana también determinó que una resolución constitucional dominicana emitida en 2013 y que privó a unas 200.000 personas de su ciudadanía viola el “derecho a la nacionalidad”, por lo que la conminó a realizar los cambios legales pertinentes.
La resolución del tribunal interamericano con sede en Costa Rica causó un gran malestar en el gobierno dominicano, que la calificó rápidamente de "extemporánea, sesgada e inoportuna", y declaró que "cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana".
Ahora, la rama judicial del país ha dado un paso más allá: según ha fallado el Tribunal Constitucional dominicano, la membresía en la Corte Interamericana firmada por el entonces presidente, Leonel Fernández, en febrero de 1999, fue “inconstitucional” porque no fue ratificada por el Congreso Nacional.
Una ratificación "inconstitucional", según la corte dominicana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que junto con la Corte IDH conforma el sistema regional de derechos humanos, va a “analizar” en las próximas horas o días la decisión del Tribunal Constitucional dominicano. Que es, por cierto, la misma corte cuya sentencia amenazó con dejar apátridas a descendientes de haitianos -más de 200.000, según ACNUR- y detonó el diferendo con las organizaciones de derechos humanos y la Comisión.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/06/actualidad/1415230815_658290.html
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